Fuente: abc.es

  • Seis de cada diez puestos de trabajo destruidos se perdieron en los meses posteriores al alza del salario mínimo
  • La inflación y la interrupción de las cadenas de suministro elevan hasta un 150% el precio de los materiales

La expresión ‘tormenta perfecta’ es más que nunca una triste realidad en el mundo rural. Los empresarios y productores del campo agonizan ante la subida de los costes de producción y el aumento de costes laborales, así como la falta de medidas extraordinarias del Gobierno para tratar de solucionar el problema que ha terminado por desencadenar una oleada de protestas del colectivo que culmina hoy con una gran manifestación en Madrid. Un cóctel indigesto, al que se suma las consecuencias de la sequía y la imposibilidad de ganaderos y agricultores de repercutir sus nuevos costes sobre los precios de origen. Al respecto, las principales organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA), exigen la aplicación de la nueva Ley de

Cadena Alimentaria. Todo ello ha contribuido a la expulsión de 35.000 trabajadores en un año en este medio, que han abandonado su puesto de trabajo, según las cifras oficiales de la Seguridad Social consultadas por este medio.

Las cifras son elocuentes. Según estimaciones de los servicios técnicos de COAG, en el último año, los fertilizantes se han encarecido un 150%, la energía un 96%, los productos fitosanitarios un 7,2% y un 35% la alimentación para el ganado, principalmente los piensos. Una auténtica cuesta de marzo a la que se añade el impacto de la sequía que un informe de UPA, de finales de febrero, ya cifraba en más de cuatro millones de euros las pérdidas registradas en la provincia de Almería. Una problemática que ya ha tenido su traducción en un real decreto-ley ‘ad hoc’ que, entre otras medidas, rebaja los módulos del IRPF un 20% para los productores.

A todo lo anterior se añaden problemas estructurales, que están detrás de las olas de movilizaciones que han jalonado el día a día de agricultores y ganaderos -Covid mediante- desde principios de 2020: el mal funcionamiento de la cadena de valor y la imposibilidad de los productores de repercutir en los precios de origen cualquier perturbación. Lo que se ha acentuado en esta coyuntura. Todo ello, a pesar de la reciente reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria que consagra la prohibición de vender por debajo de costes de producción y proscribe prácticas como la ‘venta a pérdidas’.

COAG estima, desde 2008, la diferencia de valor entre lo que se paga al productor y lo que se cobra a los consumidores. Dos ejemplos, a enero de este año, por un kilo de patatas un agricultor recibía 0,20 euros mientras que el consumidor debía abonar 1,20 euros por el mismo tubérculo, un 500%. Por un kg. de naranjas, un citricultor recibe 0,14 euros de media mientras podemos pagar por ella en el súper 1,57 euros, el 1.021% más.

La difícil realidad actual del sector agroalimentario también tiene su reverso positivo en las exportaciones. El año pasado, según el ‘Avance Anual de Comercio Exterior’ del Ministerio de Agricultura, se exportó por un montante de 60.118 millones de euros, un 11% más que en 2020, frente a unas importaciones de 41.169 millones. Lo que ha supuesto mantener un saldo positivo de 18.948 millones de euros. Entre los productos más exportados, la carne (8.819 millones), los frutales y los cítricos (10.162 millones), las hortalizas (7.461 millones), el aceite de oliva (5.359 millones) y el vino (4.964 millones). Nuestros clientes principales siguieron siendo países pertenecientes a la Unión Europea , destino del 63% de nuestras ventas en el exterior (casi 38.000 millones de euros), principalmente Francia, Alemania e Italia. Fuera del club comunitario, España exportó por valor de 22.203 millones de euros. Sobre todo, a mercados como el Reino Unido (4.345 millones de euros), China (3.574 millones) a pesar de que nuestras ventas cayeron un 6% y Estados Unidos que importó un 19,7% más de productos agroalimentarios españoles, por valor de 2.495 millones.

Impacto en el empleo

De este modo, los empresarios del sector han tenido que afrontar un comienzo de año sin tregua con una inflación desbordada, en el 7,6% en febrero, a lo que se ha sumado la doble subida del salario mínimo -primero de 950 euros a 965 euros en septiembre de 2021 y hasta 1.000 euros mensuales en enero de 2022- del 5,2% en solo cinco meses. Cabe recordar, tal y como viene advirtiendo el Banco de España, tras los sucesivos incrementos del SMI aplicados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, de que son precisamente los sectores de empleos de menor cualificación y los ocupados por los más jóvenes a quienes más afectan estas subidas. Y en el caso del campo la cornada se ha producido en dos direcciones.

Así, de los 35.770 empleos perdidos entre enero de 2021 y febrero de 2022 en la rama de actividad agraria y pesquera, 21.372 empleos se destruyeron entre los pasados meses de septiembre y enero. Es decir, casi un 60% del total de puestos de trabajo se destruyeron tras la aplicación de la primera subida del SMI -y la segunda del mes de enero mediante-. «La mayor parte de los empleos perdidos en el medio agrario y pesquero se debe al incremento de costes laborales», apunta el economista Javier Santacruz en declaraciones para ABC. En la misma línea, el economista Daniel Lacalle añade que del total de la pérdida de puestos de trabajo de los últimos 13 meses, «solo un 10% se puede arrogar al incremento de los costes de producción».

El profesor de Finanzas del Centro de Estudios Financieros de UDIMA, Juan Fernando Robles, apunta en esta línea que la afectación al campo por la subida del SMI genera un caldo de cultivo que «puede producir un incremento de la economía en el sector». También advierte el profesor de que esta pérdida de puestos «puede afectar a la viabilidad de algunas explotaciones» y hacer que se abandonen algunos cultivos, con el nocivo impacto que podría tener para un sector altamente exportador y clave para la economía del país.

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